Para el gobierno que preside Cristina Fernández y para el de su antecesor, Néstor Kirchner, la delincuencia tiene su origen en la exclusión social y en el mal funcionamiento de las instituciones encargadas de combatirlo. A la vista de que el matrimonio ha acumulado siete años de gestión y que la inclusión de los marginados y el saneamiento de la Policía ocupan un lugar privilegiado en su agenda, las ciudades de Argentina deberían figurar entre las más seguras del mundo. Pero la retórica que se esgrime es una cosa y la realidad es otra.
Según datos recogidos por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) en Argentina el 17% de los adolescentes de 13 a 19 años –cerca de 900.000 individuos- no estudian ni trabajan. La mayoría de esos excluidos se concentran en los barrios marginales del Gran Buenos Aires, donde la actual presidenta y su antecesor se precian de haber puesto en marcha una serie de proyectos para contener la deserción escolar y para combatir el desempleo entre los jóvenes.
El espectáculo que se observa al visitar cualquiera de las "villas" (barrios de chabolas), de menores haciendo la antesala cerca de los puestos de venta de drogas, genera ciertas dudas acerca de la eficacia de esos proyectos. De hecho la mayoría de los voluntarios que tratan de hacer algo para que los jóvenes no caigan en el delito, trabajan a cuenta de organizaciones no gubernamentales.
El presidente de la Comisión de la Pastoral Social, monseñor Jorge Cassareto, se refirió en duros términos a la realidad que trasciende del estudio de la CEPAL. En su intervención ante el congreso de los Rectores del Consejo de Educación Superior Católica, advirtió que "estamos ante una emergencia educativa y social que de no revertirse con inteligencia y celeridad, gravitará negativamente en el provenir de las jóvenes generaciones".
Por no atizar la polémica entre la Iglesia y la Casa Rosada, en torno a lo que se hace o se deja de hacer en los suburbios, Cassareto omitió el tema de la delincuencia. Uno de sus subalternos, quien pidió el anonimato, lo expuso con todas las letras: "nos encontramos a las puertas de una catástrofe social y allá arriba, nadie mueve un dedo por conjurarla".
En cuanto a las reformas que se vienen anunciado desde hace años en el seno de la Policía Federal, o bien no se han implementado o bien no han dado los resultados que se esperaban. Descendamos a un caso concreto: esta mañana se dio a conocer que los ocho agentes que conformaban la comisaría 49, del barrio de Saavedra, operaban como una banda delictiva en regla.
El comisario José Carranza, se adjunto Fernando Echagüe y los seis suboficiales a su cargo, cobraban una cuota a los comerciantes del vecindario por la protección de sus locales. Los que se negaban a pagar la comisión, eran víctimas de robos o de asaltos a la salida del trabajo. Los investigadores de la Brigada Anticorrupción descubrieron que la banda también 'protegía' a los vendedores callejeros de CD o de DVD pirateados a cambio de la cuarta parte de sus ganancias.
El policía que se atrevió a denunciarlos y que hoy se encuentra bajo protección las 24 horas del día, dijo a los jueces que comenzó a sospechar de sus compañeros cuando vio los autos que conducían fuera de las horas de servicio.
El barrio de Saavedra ha sido escenario de cuatro asesinatos y de quince asaltos a mano armada en los últimos nueve meses. Los policías del sector tenían asuntos más urgentes que atender.
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