Un menor de edad murió en la zona donde se desarrollan las protestas indígenas contra los proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en Panamá desde hace una semana.
Un adolescente de 16 años se ha convertido en la segunda víctima mortal de las protestas de los indígenas ngäbe buglé que comenzaron hace una semana Panamá contra los proyectos hidroeléctricos, a pesar de la insistencia del Gobierno de Ricardo Martinelli por instalar una mesa de diálogo para poner fin al conflicto.
Líderes de la etnia ngäbe buglé atribuyen la muerte del menor a supuestos ataques de la Policía panameña contra los manifestantes que mantienen tomadas varias carreteras en la provincia de Chiriquí (oeste), fronteriza con Costa Rica, sin embargo, todavía no están claras las causas de su fallecimiento.
La víctima, identificada como Mauricio Méndez, habría resultado herido en el rostro por un bote de humo arrojado por los antidisturbios en supuestos enfrentamientos. El menor murió minutos después de haber ingresado a un hospital por las fuertes quemaduras en su cara. Otras versiones aseguran que recibió un disparo en la cara.
El portavoz de la Policía Nacional de Panamá, Jairo Polo, adelantó que, de acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima falleció cuando preparaba un explosivo casero dentro de un coche en una carretera del corregimiento de Las Lomas, en Chiriquí.
Horas antes de confirmarse la muerte del menor se habían registrado fuertes disturbios en Las Lomas, lugar que se ha convertido en uno de los epicentros de las manifestaciones indígenas que han provocado el caos en todo el país por el cierre de las principales carreteras.
Los indígenas exigen al Parlamento panameño incluir en la ley que restringe las actividades mineras una prohibición de construir plantas hidroeléctricas, pues consideran que tienen el mismo efecto dañino sobre los recursos naturales que la explotación de minerales.
El domingo otro indígena, identificado como Jerónimo Rodríguez, murió en enfrentamientos entre los indígenas y las unidades antidisturbios ocurridos en la carretera Interamericana, entre las provincias de Veraguas y Chiriquí.
OTRO LLAMAMIENTO
Por su parte, los ministros de la Presidencia de Panamá, Jimmy Papadimitriu; de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, y el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, se han reunido este martes en la ciudad de David (capital de Chiriquí), con la gobernadora de esa provincia, Aixa Santamaría, y monseñor José Luis Lacunza, para preparar un eventual diálogo con los indígenas.
"Se espera que en las próximas horas se concrete el diálogo entre Gobierno, la Iglesia y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo ngäbe buglé y campesino", anuncia el Gobierno de Martinelli sin precisar más detalles.
Los indígenas han dicho que dialogarán si las fuerzas de seguridad ponen fin a la "represión" contra los indígenas y ordenan el repliegue de todos los efectivos de la Policía Nacional de la zona de conflicto. Además, exigen la excarcelación de los más de 40 manifestantes detenidos el domingo.
"La policía está tratando de evitar que más comunidades salgan a protestar en respaldo a la población que está siendo vilmente masacrada", ha asegurado este martes Javier Viquez, representante de la Coordinadora por los Recursos Naturales y el derecho del pueblo ngäbe buglé, en declaraciones a la cadena Telesur.
Según Viquez, Martinelli es "socio de muchas de esas compañías que están tratando de establecer nuevos proyectos hidroeléctricos" en las regiones del centro y oeste de Panamá, las cuales podrían provocar graves consecuencias a un total 52 ríos.
El Gobierno ha asegurado que estos proyectos son de vital importancia para garantizar el suministro de energía eléctrica a la población y reducir la dependencia del petróleo, cuyos precios se mantienen en niveles históricos, o de lo contrario deberán subir las tarifas un 30 por ciento.
